Junio 2015

 

Corrupción. Esta palabra parecía bastante lejana en nuestro país hasta hace algún tiempo. Desgraciadamente estamos viviendo la triste realidad de funcionarios públicos a quienes se les ha imputado cargos por corrupción.

 

Uno se pregunta ¿qué pasaba antes? ¿Recién ahora aparece este grave problema en nuestra sociedad o, simplemente no se conocía? Creo que lo segundo.

Chile es un país donde el aparentar es una costumbre universalmente adoptada, personas con escasos ingresos viviendo en barrios muy elegantes o conduciendo costosos automóviles son bastante frecuentes. Delincuentes llamados “de cuello y corbata” son respetados socialmente y sus delitos son rápidamente olvidados.

Pero lo más importante es que esta corrupción que creíamos estaba bastante limitada, ha alcanzado a muchas figuras públicas, que ostentan connotados cargos y que tienen importante poder de decisión.

Preocupa, sobremanera, el que empresas privadas financien a políticos para sus campañas y, lo que es aun peor le entreguen verdaderos sueldos durante largos períodos, en el que los miembros del poder legislativo deben votar, proponiendo, aprobado o rechazando, proyectos que involucran a las empresas que los financian. Algo absolutamente inaceptable.

Lo peor es que los miembros de instituciones cuestionadas, o sus personeros, al ser cuestionados, no desean que se investiguen. Existe un cinismo que se manifiesta en el doble estándar de descubrir que se quiere saber la verdad, pero que no se hace nada para investigarla.

Incluso, personalmente, en el ámbito médico debí enfrentar una situación donde ante sospecha de manejos económicos indebidos, el directorio de la importante sociedad científica decidió no investigar judicialmente los presuntos delitos, por el eventual daño a la imagen societaria. ¡Cuán equivocados están! La verdad es lo único que puede, realmente, mantener sanas a las instituciones.

Las penas para los delitos de corrupción son, en general, bastante bajas, o incluso hay actos que no están tipificados como delitos, como s el caso de ser miembro del poder legislativo y recibir dineros de empresas privadas, relacionadas con el área en que dichas personas debían votar.

Afortunadamente nuestra sociedad está cambiando y estas situaciones son denunciadas a través de las redes sociales. La presión de la ciudadanía va aumentando y se está forzando a los funcionarios a renunciar a sus cargos con la consiguiente censura social.

Esperamos que estas situaciones se sigan denunciando y que aprendamos que la corrupción es una de las peores lacras sociales y que debe ser combatida, denunciada y sancionada en forma muy severa.

Sólo así podemos tener una sociedad sana, trasparente y segura.
 

Prof. Dr. Mario Uribe
Editor