Mayo 2025

 

Los funcionarios de la salud, especialmente de la Salud Pública o estatal, debe ser especialmente probos, en el amplio sentido de la palabra.

 

La honestidad debe ser a toda prueba. Desgraciadamente existe una legislación anticuada que protege el buen y el mal funcionario por igual. Probablemente se generó para evitar despidos masivos con los cambios de gobierno. Esto actualmente no se produce, salvo algunas escasas excepciones de funcionarios de confianza pública. El buen trabajador de la salud no tiene nada que temer. Se le paga su sueldo en forma oportuna, si ha traído licencia por enfermedad, no se le hacen descuentos como en el sector privado, tiene un número determinado de permisos administrativos y las posibilidades de participar en actividades formativas.

Además, existe un proceso de calificación funcionaria; es allí donde comienzan los problemas. Son pocas las jefaturas que son capaces de calificar, no mal, sino en forma objetiva a los funcionarios. La inmensa mayoría obtiene los puntajes máximos, lo que impide que le calificación sea una instancia que permite discriminar entre el buen y mal trabajador.

Si, por la casualidad, algún empleado no es calificado con nota máxima, tiene la posibilidad de apelar, obteniendo, la gran mayoría de las veces, una mejora en sus calificaciones.

Para despedir a un mal empleado, alguien flojo, poco confiable, o mentiroso e incluso ladrón, hay que efectuar un largo y engorroso proceso de sumario que, en la mayoría de los casos no termina en nada, o se agota en el tiempo sin llegar a finalizar o tiene sanciones tan bajas que a nadie le importa.

Hago esta editorial, pensando en la próxima, que será sobre las licencias fraudulentas y el mail uso de las mismas, toma que se ha presentado en estos días.